Rogamos porque los embates del huracan Sandy
no ocasionen perdidas de vidas humanas y que las economicas
no sean de grandes proporciones.
Nuestros pensamientos estan con todos los cubanos y
los demas residentes residentes en la zona,
asi como al presidete Obama.
Miriam/Chepe
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Los cubanos de las provincias de Holguin, Santiago de Cuba, fundamentalmente, asi como de Guantanamo y Granma fueron azotados por un huracan que ha dejado devastados sus hogares,
sin poseer suficientes articulos de primera necesidad para afrontar estas dificiles condiciones.
Tambien tendran que levantar las viviendas total o parcialmente destruida, reponer
ropa, calzado, colchones, y todos los demas articulos que han perdido. Actualmente casi no tienen alimentos.
SE REQUIERE URGENTEMENTE LA ASISTENCIA SOLIDARIA DE TODOS LOS CUBANOS Y
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
EL GOBIERNO DE CUBA DEBE SOLICITAR LA AYUDA A LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y GOBIERNOS, pues NO tiene capacidad para enfrentar las
perdidas de los ciudadanos NI DERECHO A IMPEDIRLES RECIBIR AYUDA INTERNACIONAL
como ha hecho en desastres anteriores como el huracan IKE de 2008, del cual
todavia muchos pobladores de HOLGUIN Y OTROS LUGARES NO HAN PODIDO RECUPERARSE.
Miriam Leiva
Oscar Espinosa Chepe
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Martes, Octubre 9, 2012 | Por Oscar Espinosa Chepe
LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org
Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, se reunió con un grupo de cubano-americanos en Nueva York, cuando acudió al debate general del 67 Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, a principios de octubre. En esta ocasión mostró la verdadera naturaleza del gobierno y la de sus pretendidas reformas económicas al negar con absurdos argumentos que la comunidad cubana en Estados Unidos pueda invertir en Cuba y contribuir a la reconstrucción nacional. En el encuentro expuso que no cree posible la inversión de emigrantes porque su dinero no cubre los montos mínimos, y añadió: “Yo no sé a cuantos cubanos ustedes conocen que podrían invertir en Cuba 200, 300, 500, mil millones de dólares, que es la inversión que (el régimen) demanda.” Asimismo reiteró que “no interesa que alguien llegue con 100,000 dólares a invertir en la industria farmacéutica ni tampoco que haya un pequeño taller privado tratando de competir con el Polo Científico.”
De esas palabras se desprende en primer lugar una gran ignorancia acerca del tema de las inversiones, y en particular sobre la gravedad del estado de la economía cubana. Por otra parte, sus palabras reflejan el claro interés oficial en que se mantenga la actual situación de impedir que puedan establecerse lazos económicos entre Cuba y Estados Unidos; algo que desde hace mucho tiempo hemos subrayado. Al régimen en ningún momento le ha interesado el establecimiento de relaciones económicas, comerciales y financieras con el vecino país, que puedan minar la coartada del embargo y la oportunidad que brinda para tratar de justificar el desastre nacional y la represión contra todo aquel que levante su voz en protesta por la situación imperante.
Debe subrayarse que la comunidad cubana en Estados Unidos es una de las más exitosas desde el punto de vista económico, político y social. Según el Censo de 2010 residen más de 1,8 millón de personas de origen cubano, con una destacada representación en los niveles gubernamental y legislativo. Actualmente las remesas enviadas desde allí se estiman en 2,0 miles de millones de dólares, con una tendencia al crecimiento, y constituyen uno de los principales ingresos en divisas para Cuba. Al mismo tiempo llegan alrededor de 400 000 cubano-americanos como visitantes anualmente, con un significativo aporte económico, además de contribuir al acercamiento entre las familias y la sociedad de ambos países.
Si se suman las mayores fortunas de personas de origen cubano en Estados Unidos, el monto podría ascender a varias veces el actual Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba, lo cual crea un potencial de inversión significativo, si en la isla hubiera garantías y voluntad para promover esa actividad, pudiéndose establecer un tipo de relaciones semejantes a las existentes entre la China continental y Taiwan, sin olvidar que este vínculo- si hubieran verdaderos deseos de progreso para Cuba por parte del gobierno- podría servir de puente de acceso al mercado más rico, poderoso y tecnológicamente desarrollado del planeta, ubicado a tan solo 90 millas de las costas cubanas.
Hay que subrayar que no solo se necesitan grandes aportes de capital para reconstruir determinados sectores de la economía, sino también el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES) con tecnología de punta, incluso como elementos indispensables para el apoyo al buen funcionamiento de la gran industria y la ejecución de importantes obras. Las PYMES en cualquier país del mundo son factores vitales en su papel de apoyo a la flexibilización y rápida adaptación de la producción a los cambios del mercado, así como de cooperación con los negocios de mayor magnitud. Resulta imposible que puedan desarrollarse significativos proyectos en cualquier sector teniendo que importarlo todo, como sucede actualmente con el turismo en Cuba, pues hasta la comida debe adquirirse en el exterior. Las inversiones procedentes de Estados Unidos no serían solamente aportes materiales, sino además tendría singular importancia la llegada de know-how, experiencias comerciales y en la administración de los negocios. Técnicas sobre las cuales hay en Cuba un colosal atraso.
Incluso si se empezara por pequeños negocios con los miembros de la comunidad cubana en el exterior, podría constituir ejemplos concretos de apertura y motivaría al incremento de la inversión extranjera en el país. Por supuesto, esto tendría que acompañarse de un clima de libertad a los cubanos residentes en la isla para establecer sus propias iniciativas y ser socios de los compatriotas interesados en invertir aquí, como ha señalado Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group.
La economía nacional necesita urgentemente inversiones en todos los sectores. Desde 1990 actúa un galopante proceso de descapitalización y los niveles actuales de inversión no alcanzan ni para reponer los vetustos medios productivos de servicios, que tienen que ser sustituidos o sometidos a amplias reparaciones capitales, debido a los años de explotación y la obsolescencia tecnológica. En los campos, hoy se observa fundamentalmente el arado de tracción animal, la azada y el machete, mientras en las ciudades el transporte automotor ha sido sustituido a gran escala por carretones tirados por caballos. El sistema electro-energético está compuesto fundamentalmente por unidades termoeléctricas de procedencia soviética y checoeslovaca, la mayoría con más de 40 años de explotación, y un sistema de transmisión y distribución de electricidad en pésimas condiciones. Igualmente se encuentra en crisis el sistema de distribución del agua potable, de la cual se pierde más del 50,0% por el mal estado de las redes, así como las carreteras y calles, lo cual coadyuva a la aceleración del deterioro de los escasos equipos automotores existentes. Similar situación ocurre con el resto de la infraestructura, incluyendo edificios de vivienda, hospitales, escuelas y otros.
Puede decirse que en las actuales condiciones será muy difícil hacer reformas reales, -las cuales no se están haciendo-, sin disponer de fuertes aportes de capital, imposibles de obtener actualmente de la moribunda economía nacional, sin capacidad alguna de ahorro. En este contexto, es totalmente insólito el rechazo a la participación en la reconstrucción nacional de nuestros compatriotas residentes en el exterior, manifestado por el canciller. Solo explica este dislate la actitud egoísta y antinacional del régimen, que prefiere que Cuba se hunda, ante el temor de realizar verdaderas reformas económicas que pudieran ser la antesala de la democratización de la sociedad, con la pérdida del monopolio de un poder mantenido por más de 53 años.
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El acusado por la fiscalía, que no por los familiares comprensivos con la difícil situación del joven español, pasó de amigo solidario a autor involuntario de una tragedia para la vida política de Cuba
Miriam Leiva, La Habana | 16/10/2012 10:50 am CUBAENCUENTRO
El tribunal impuso a Ángel Carromero la sanción de cuatro años de privación de libertad, informó el portal Cubadebate este 15 de octubre, antes de que la noticia fuera difundida por los medios nacionales. Es una muestra más de cómo las autoridades menosprecian y maltratan a los cubanos, en su mayoría sin acceso a Internet. Era previsible el anuncio, pues el juicio se realizó el 5 del presente mes y la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Granma contaba con 5 días hábiles para pronunciarse. Ahora podría esperarse la apelación, pero el joven español podría ser extraditado a Madrid, según un convenio existente entre ambos gobiernos desde hace años.
El guión cuidadosamente preparado para el juicio de Ángel Carromero habría podido ser estropeado súbitamente por la presencia en el tribunal de tres jóvenes buscadores de la verdad. Las familias de Oswaldo Payá Sardiña y Harold Cepero no habían formulado acusación contra el acusado por la fiscalía de homicidio involuntario, ni se esperaba su presencia. El juicio se efectuaría en el Tribunal Provincial de Bayamo a 800 kilómetros de La Habana, donde el Gobierno preparó el escenario para limitar el acceso y, sobre todo, expulsó o encarceló a los periodistas y blogueros independientes para desviar la atención internacional con respecto a los detalles del proceso y cualquier circunstancia imprevista que se presentara. Los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba presenciaron el juicio desde una habitación mediante una pantalla del circuito cerrado de televisión, sin sus equipos de trabajo, más allá de papel y un objeto para escribir a mano.
Sin embargo, la noticia más importante estaba fuera del Tribunal, y ha pasado sin ocupar los espacios mediáticos que merece, para beneplácito de los interesados en que fuera solapado por otros eventos como el arbitrario y habitual apresamiento de los opositores pacíficos, las ficticias elecciones nacionales, los cercanos comicios en Venezuela, el debate de los candidatos en Estados Unidos, las batallas en Siria, la crisis económica en Europa y otros relevantes hechos internacionales.
Rosa María Payá Acevedo y sus hermanos Oswaldo y Reinaldo se acercaron a la puerta del Tribunal para ejercer su derecho de asistir al juicio, donde se abordarían las circunstancias del accidente automovilístico debido al cual fallecieron Oswaldo Payá Sardiña, su padre, y Harold Cepero, el 22 de julio. El despliegue de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria impidió su acceso. Una persona que adujo ser un funcionario les comunicó que no podrían participar, pues no habían avisado previamente de su intención de hacerlo. ¡Se había dicho que el juicio era una vista pública! ¿Quién fue el público asistente? ¿Tenían mayor derecho que los familiares de los fallecidos?
Sencillamente su presencia podía desarticular la preparación psicológica de Ángel Carromero, cuya declaración fue transmitida en la televisión cubana con un video, donde evidenciaba mucho temor y rogaba que no se politizara el proceso, a fin de poder salir del duro trance lo antes posible. El acusado por la fiscalía, que no por los familiares comprensivos con la difícil situación del joven español, pasó de amigo solidario a autor involuntario de una tragedia para la vida política de Cuba. Aun si los hechos hubieran ocurrido como él manifestó en esa ocasión y como las autoridades cubanas informaron en su escueta nota, en el curso de la presentación de pruebas y las respuestas del imputado habrían surgido los detalles ocultados hasta ese momento. No obstante, la negativa a ofrecer información a las familias y facilitar su encuentro con Carromero acreditan las dudas sobre la veracidad de lo expuesto públicamente.
El Gobierno de España también debe haber estado interesado en que el juicio transcurriera como se había negociado, pues su objetivo era la rápida realización sin complicaciones, a fin de lograr la extradición según el convenio vigente. Seguramente habrá atendido el caso como corresponde hacia todos sus ciudadanos, pero con el compromiso adicional de que se trata de un dirigente de las Juventudes del Partido Popular actualmente en el poder, el cual ha tenido tensas relaciones con las autoridades cubanas en los años previos a su ascenso por las elecciones de 2011. Desde el lamentable accidente, las autoridades españolas han desplegado una fina política para poder resolver el inoportuno embrollo, y evitar que no se convierta en un diferendo similar al existente entre Cuba y Estados Unidos con la prisión de Alan Gross. También la situación es complicada, ya que Payá había recibido la nacionalidad española hacía tres años, a lo cual su familia no se había referido en público, seguramente en gesto amable para facilitar la solución del gran problema Carromero, pero que Carlos Payá, hermano de Oswaldo residente en España, ha develado luego del juicio.
No la tiene nada fácil el gobierno de Mariano Rajoy. El Partido Popular, con el gobierno de José María Aznar como primer ministro, impulsó la Posición Común de la Unión Europea en 1996. Cuando la asonada represiva contra 75 pacíficos opositores en marzo de 2003, contribuyó a que la institución estableciera las medidas condenatorias, que incluyeron la invitación a los disidentes y familiares de los 75 a las recepciones de las embajadas acreditadas en La Habana. Continuó su solidaridad y desde 2004 criticó el acercamiento a ultranza del Partido Socialista Obrero Español, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó el cese de la participación en esas actividades por las fiestas nacionales. Sin embargo, el PP llegó al poder en momentos en que España afronta una crisis económica y social muy compleja, por lo que en su política exterior refuerza la tradicional prioridad de defender los intereses de sus ciudadanos e impulsar los negocios de sus empresas. Razones suficientes para que el “asunto Carromero” sea exprimido por las astutas y mal intencionadas autoridades cubanas. La muestra más evidente ha sido la realización del foro empresarial en la capital cubana, asi como el anuncio dos días antes de celebrarse el juicio de que no se invitaría a disidentes a la recepción por la fiesta nacional.
Desde antes se hablaba en medios del PP que el joven estaría de vuelta en noviembre, posiblemente pensando en una solución alrededor de la realización de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz (los jefes de estado y gobierno han comunicado su participación, falta la confirmación de Hugo Chávez y Raúl Castro).
El gobierno cubano utiliza todos los resortes para hacer tragar hiel, con el objetivo supremo de aprovecharse de las ventajas económicas que pueda agarrar y procurar legitimarse en los escenarios internacionales. Los pronunciamientos sobre la violación de los derechos humanos en Cuba tienen que salir del éter y abordarse concretamente, lo cual omiten los dignatarios de nuestra región. En todo caso, los cubanos tenemos que alcanzar las soluciones a la inmensa crisis nacional con nuestros propios esfuerzos, si bien el apoyo de la comunidad internacional es muy importante.
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Viernes, Octubre 19, 2012 | Por Miriam Leiva
LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -De la euforia a la depresión pasó una gran parte de la población cubana según transcurría el 16 de octubre. ¡Qué mal ha de estar un país en el que los ciudadanos añoran emigrar a cualquier parte, sin que les importe la crisis económica o la miseria del país de destino!
La noticia llegó, como es usual, por las llamadas telefónicas de parientes y amigos residentes en el extranjero, o mediante la radio internacional. Rápidos los cubanos sintonizaron las emisoras nacionales y salieron a procurar Granma, y sus reproductores Juventud Rebelde y los periódicos provinciales. A la lectura del titular “Actualiza Cuba su política migratoria” la mirada pasaba a “el gobierno cubano, en ejercicio de su soberanía, ha decidido eliminar el procedimiento de Permiso de Salida para los viajes al exterior y dejar sin efecto el requisito de la Carta de Invitación”. Desde hacía mucho, era la noticia más esperada en Cuba.
Hubo quienes pensaron que fácilmente podrían realizar el sueño de escapar hacia una vida mejor. Pero, poco a poco, empezaron las explicaciones y los detalles de que seguirían necesitando visa del país que los acogería y, sobre todo, que la Tarjeta Blanca era sustituida por el pasaporte “actualizado” y la prohibición se mantenía para muchos.
Se formaron grandes colas para compras la Gaceta Oficial de la República de Cuba, donde aparece el texto integro de la ley. Su escasa disponibilidad en los estanquillos, donde se vende al precio oficial de 80 centavos, sería resuelta por el mercado negro, donde los revendedores la ofrecen a 5 pesos. No había que avanzar mucho en la lectura para comprender que el “perfeccionamiento” de la Ley No 1312 “Ley de Migración” de 20 de septiembre de 1976 era otra falacia.
En el primer Por Cuanto se aduce el objetivo de garantizar que los movimientos migratorias continúen realizándose de forma legal, ordenada y segura; lo que podría entenderse como una pequeña apertura con el objetivo de deshacerse de aquellas personas descontentas por las recias condiciones de vida y el gran desempleo; problemas que el gobierno no será capaz de resolver debido a su renuencia a permitir la iniciativa privada. Los que se van no solo aligeran la economía al reducir la necesidad de importar bienes y los requerimientos de servicios y prestaciones sociales; sino que podrían enviar ayuda a sus familiares, y aliviar la presión social.
Como el segundo Por Cuanto empieza con “el gobierno de Estados Unidos de América”, inmediatamente se vislumbra que se mantendrán las restricciones, aduciendo la “utilización de la política migratoria hacia Cuba con fines de hostilidad, subversión y desestabilización, y contra los intereses legítimos de nuestro pueblo y de la propia emigración cubana”. Luego se refiere al establecimiento de determinadas regulaciones que limiten esos efectos, y normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada del país. El tercer Por Cuanto ratifica lo aprobado anteriormente sobre la posibilidad de los emigrantes de transmitir los bienes, que el gobierno había incautado arbitrariamente durante casi 53 años.
Por tanto, el presidente Raúl Castro dictó el Decreto-Ley No 302 modificativo de la Ley No. 1312 de 1976. El Artículo 1 devuelve al pasaporte la función determinante para salir o entrar al territorio nacional, convirtiéndolo de facto en el sustituto de la Carta Blanca (permiso de salida), siempre expedido por el mismo Ministerio del Interior. De tal manera, a partir del 14 de enero de 2013 habrá que “actualizar” el pasaporte poseído o solicitar uno nuevo.
Los diferentes incisos del Artículo 23 precisan quienes no podrán obtener pasaporte corriente: el inciso d) cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen (entiéndase quienes expresen sus criterios o realicen alguna actividad política pacífica, los llamados contrarrevolucionarios por el gobierno); el inciso f) carecer de la autorización establecida, en virtud de las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país, así como para la seguridad y protección de la información oficial; el inciso h) cuando por otras razones de interés público, lo determínenlas autoridades facultadas.
Para cortar definitivamente las esperanzas, se especifica mediante el Decreto No. 306 “Sobre el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior”, en el inciso b) los graduados de la educación superior que realizan actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país en los programas estratégicos, proyectos de investigación y servicios de salud”; en el inciso c) técnicos de nivel medio especializados que realizan actividades vitales para mantener los servicios de salud y la actividad científico-tecnica; e inciso d) atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo. El disgusto es inmenso entre esas personas a quienes se ratifica que tendrán que esperar como mínimo 5 años, los primeros; 3 años, los segundos, y desertar en un viaje al extranjero, en el caso de los terceros.
En cuanto a los cubanos residentes en el extranjero, continuarán sujetos a tener que solicitar pasaporte cubano, siguiendo iguales criterios para recibirlo que hasta el presente. Las mejorías fundamentales son que -para los que salieron temporalmente- se extiende el permiso para permanecer fuera del país, de los de 11 meses actuales a 24 meses, prorrogables; y quienes salieron definitivamente podrán conservar sus propiedades. No se menciona la situación de los conyugues e hijos de aquellos considerados “desertores”, cuyos familiares cercanos son habitualmente retenidos por el gobierno cubano como rehenes, para castigar a toda la familia.
Por lo expuesto anteriormente y algunos detalles más, se confirma que el gobierno de Cuba ha anunciado de hecho que continuará violando flagrantemente el Artículo 13, inciso 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Se desvanece definitivamente la ilusión de que las autoridades tuvieran una sincera disposición a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su Artículo 12, inciso 2, lo reafirma, con la precisión del inciso 4: “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país”.
Probablemente este sea el paso con mayores implicaciones sociales que haya dado el gobierno. Con el anuncio de que se materializaría la ansiada reforma migratoria, el presidente Raúl Castro había creado expectativas en millones de cubanos que añoran poder emigrar, desesperanzados ya de mejorar sus condiciones económicas y existenciales mediante el trabajo por cuenta propia y el usufructo de las tierras ociosas; desesperanza agravada recientemente por las nuevas restricciones aduaneras. Muchos podrán ahora irse con el “beneficio” actual de prescindir de los engorrosos y caros trámites de la carta de invitación y el permiso de salida. Desafortunadamente continuarán profundizándose las diferencias sociales.
En el caso de los jóvenes se ahondará la falta de estímulo para realizar estudios de nivel medio y, fundamentalmente, universitarios; vistos por la mayoría como un freno para su progreso, ya que un título universitario en Cuba no significa reconocimiento social ni la posibilidad de ganar salarios adecuados; sino un obstáculo a la huida, que es vista como la única opción de superación.
A partir del 14 de enero de 2013 se verificará el alcance de la Ley Migratoria, según se comporte la entrega de pasaportes a los cubanos de la isla y la diáspora.
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El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó 17 medidas para otorgar autonomía en su gestión a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), y que puedan superar la ineficiencia e irrentabilidad que las ha caracterizado desde su creación, según expuso el periódico Juventud Rebelde el 15 de septiembre.
Un nuevo Reglamento General emitido el 13 de agosto mediante la Resolución No. 574/2012 del Ministerio de la Agricultura (MINAG), define las UBPC como una “organización económica y social cooperativa, integrada por miembros asociados voluntariamente, con autonomía en su gestión y administración de los recursos, que recibe en usufructo las tierras y otros bienes que se determinen, por tiempo indefinido, asi como otros que adquiere mediante compra; posee personalidad jurídica propia; forma parte de un sistema de producción al cual se vincula, constituyendo uno de los eslabones primarios que conforman la base productiva de la economía nacional”.
Las UBPC fueron creadas el 20 de septiembre de 1993 mediante la conversión de las llamadas Granjas del Pueblo en supuestas cooperativas. Ese día los trabajadores de las ineficientes granjas se acostaron siendo trabajadores asalariados y despertaron como cooperativistas, sin haber sido consultados. Según cifras oficiales, un año después existían 2 519 UBPC y actualmente son 1 989, la gran mayoría pertenecientes al sistema del MINAG y el resto al Grupo Azucarero AZCUBA. De acuerdo con esa información, cuentan con un área de más de 1 millón 700 mil hectáreas, el 28,0% de la superficie agrícola del país, estando ociosa el 23,0% de sus tierras.
Actualmente solo aportan el 12,0% de las viandas, hortalizas y granos, y el 17,0% de la leche de la producción nacional. Al término del 2010, el 15,0% de las UBPC cerraron con pérdidas y un 6,0% ni siquiera presentó balance económico, según datos brindados por Julio Martínez Roque, director nacional de Atención a las Unidades Productoras en el MINAG, publicados en el periódico Granma el 11 de septiembre pasado. Hay que apuntar que la irrentabilidad ha sido mucho más alta en años anteriores. Lamentablemente no se dio información actualizada al respecto. También señaló que, al cierre de 2010, las UBPC pertenecientes al sistema del MINAG acumularon deudas estimadas en 1 229 millones de pesos; pérdidas de años anteriores por unos 680 millones más y otros 203 millones heredadas de unidades disueltas; en total una deuda de 2 112,0 millones de pesos. Las UBPC “producían de milagro”, según reconoció el Sr. Martínez Roque en su entrevista al citado periódico.
Además expuso que se ha realizado una categorización preliminar para ubicar las UBPC existentes en tres grupos esenciales: 1) Con una situación productiva y económica favorable; están en estas condiciones 540, el 27,1%, de ellas 112 pertenecientes a AZCUBA. 2) Con dificultades de índole organizativa, productiva, económica y financiera, pero que pueden subsanar sus problemas mediante una serie de medidas; son 1 122 unidades, el 57,0%. 3) En situación crítica, sin posibilidades de recuperarse 327 unidades, el 16,4%, todas del MINAG.
Con las medidas que ahora se anuncian, es muy difícil que las UBPC puedan salir a flote, pues cuando se lee el nuevo Reglamento resalta que las reformas son absolutamente superficiales, y la supuesta autonomía continúa siendo una ficción. Las UBPC se mantendrán con la camisa de fuerza de los planes y tendrán que desarrollar su gestión en la línea fundamental de producción y de objeto social, trazada desde el MINAG. Asimismo, los contratos que firmen deberán corresponder prioritariamente a la “demanda estatal planificada”, además de estar basados en precios fijados centralmente. Ello demuestra, más que cualquier otro argumento, la falacia del otorgamiento de autonomía a las UBPC y de respeto a la voluntariedad de los “cooperativistas”.
Por otro lado, las facultades recién otorgadas de poder vender algunas producciones después de cumplido el compromiso con la demanda estatal planifica dejan muy poco margen para comercializar a precios no regulados por el Estado y por esa vía obtener beneficios económicos. Sobre todo si se tiene en cuenta que productos como la caña de azúcar, la leche, la carne de vacuno y otros tienen que ser entregados en su totalidad al Estado. También se plantea que las UBPC ahora podrán adquirir insumos y otros productos en otras empresas con mayor libertad de elección. Sin embargo, debe subrayarse que estas supuestas cooperativas no están autorizadas a poseer moneda convertible; incluso solo podrán vender al sector turístico en moneda nacional. En esas condiciones, la libertad para escoger suministradores es un espejismo, en un país donde muchos servicios y la mayoría de las mercancías únicamente pueden adquirirse con pesos convertibles. Además, debe subrayarse que muchos recursos esenciales, como el combustible, se distribuyen por asignaciones a través del plan. Tampoco puede soslayarse la inexistencia de un mercado mayorista, por lo que las UBPC para comprar mercancías en pesos cubanos tendrán que hacerlo fundamentalmente en el desabastecido mercado minorista, a altos precios, en competencia con la población y otras formas de producción, como los cuentapropistas.
La situación de las UBPC es mucho más complicada hoy que en el momento de la creación en 1993. Entonces todavía existían equipamientos y recursos recibidos de la Unión Soviética y otros países del Este de Europa. Actualmente mayoritariamente solo poseen arados y carretas tirados por animales; azadones y machetes por lo regular de baja calidad. Incluso donde subsisten equipos, están muy deteriorados por el paso del tiempo y la falta repuestos. En este escenario, atender eficientemente unidades que como promedio tienen 890 hectáreas (66 caballerías), resulta una tarea casi imposible, máxime con “cooperativistas” sin estímulos laborales.
Tras 19 años de un proyecto fracasado desde sus inicios, la autonomía que ahora se plantea otorgar a las UBPC continúa siendo una ficción. Esas falsas cooperativas se mantendrán ineficientes e irrentables en un gran porcentaje. El nuevo Reglamento, como otras reformas implantadas en los últimos años por el gobierno resultan absolutamente insuficientes y no permitirán el incremento productivo agropecuario que con urgencia necesita Cuba.
Oscar Espinosa Chepe
Economista y Periodista Independiente
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