| Un fundamento en materia de comunicación social, y por tanto humana, afirma que nuestra opinión depende de nuestra información. Otros fundamentos, estos cristianos, invitan a no enfrentar a quien nos hace el mal, presentar la otra mejilla a quien abofeteó ya una, dar también la túnica a quien pide el manto, duplicar la distancia a caminar junto al que pide compañía en el camino, y dar, dar siempre al que pida, y dar de frente (Cf. Mt 5, 39-42). La humildad que demanda Jesús a sus discípulos no tiene comparación. No desconoce la presencia activa ni excluye una exigencia al valor personal. Pero la presencia se concreta camino del Calvario, y el valor personal se demuestra al cargar la Cruz.
En estos tiempos cualquiera emite una opinión, aunque no tenga una buena información, o no tenga ninguna. Es difícil resistir la tentación de ocupar un espacio en los medios de comunicación, a su vez propagadores, muchas veces, de una falsa comunicación, pues hoy suele vender más la opinión agresiva y denostadora, sea por error tomado de otros o calumnia intencionada.
Pero tanto el fundamento mencionado de la comunicación social, como los otros revelados en el sermón de la montaña, necesitan de la verdad, aquella que conviene y puede ser conocida. De manera que la opinión o información que se ofrece –del tipo y procedencia que sea, y desde cualquier medio de difusión– esté al menos mejor fundamentada, y aquellos que nos consideramos cristianos podamos conocer a cabalidad el peso de la cruz que se ha aceptado cargar.
Es oportuno, cuando ha transcurrido más de un año desde que se inició el proceso de diálogo entre la Iglesia y las máximas autoridades del país que ha tenido como uno de sus resultados la excarcelación de más de cien ciudadanos cubanos, referirse a estas excarcelaciones y expresar de modo sintético cuál ha sido el papel de la Iglesia. Después, es probable que se mantengan las posturas erradas y el rechazo a la verdad dicha, al menos la verdad que se puede decir en este momento desde la Iglesia, pero eso ya no podría considerarse ignorancia sino perversidad.
Cuando el cardenal Jaime Ortega, acompañado del canciller de la arquidiócesis monseñor Ramón Suárez Polcari, recibía el 1º de mayo de 2010 a un grupo de esposas de prisioneros cubanos conocidas como “damas de blanco”, se abría la posibilidad de un proceso de mediación de la Iglesia entre estas personas y las autoridades cubanas. Vale una aclaración, para usar la terminología adecuada en este caso. El conflicto se presentaba entre las autoridades cubanas por un lado, las que habían sancionado y mantenían en prisión a un grupo de ciudadanos opuestos al modo de gobernar de esas autoridades y que habían violado las leyes (una ley puede ser justa o injusta, pero a los efectos prácticos es ley, o precepto establecido que manda o prohíbe cosas); del otro lado los familiares de los presos: esposas, madres e hijas, quienes defendían y reclamaban la libertad de estas personas en nombre de la unidad familiar. En un momento determinado, al interceder el cardenal Ortega en contra del acoso a estas mujeres en las afueras de un templo católico, la Iglesia se convierte en tercera parte o actor que no ha sido invitado directamente, pero está convencida que le corresponde actuar para poner fin al acoso.
Cuando una de las partes –las autoridades cubanas–, responde positivamente al reclamo de poner fin al acoso y pide a la Iglesia que trasmita esto a los familiares, y al mismo tiempo demanda que estos comuniquen, por medio de la Iglesia, qué desean, se da el primer paso para la mediación, concretada cuando estas personas aceptan a su vez responder a la demanda por medio de la Iglesia. Ambas partes en conflicto se reconocen y comunican entre sí, indirectamente, con la mediación de la Iglesia. Aunque hay un vínculo filial o de sangre entre el grupo conocido como “damas de blanco” y los presos, sus reclamos e intereses son en esencia distintos, pues ellas demandaban reunificación familiar, mientras sus familiares presos reclamaban cambios políticos. Las autoridades reconocieron lo primero y no lo segundo. Por tanto, en ningún momento se planteó la posibilidad de una mediación entre las autoridades y sus opositores, pues no hubo reconocimiento ni comunicación mutuos. Por las razones que sean, y no es necesario indicarlas aquí, ese día no ha llegado.
Esperar o demandar que la Iglesia llevara a la “mesa de negociaciones” a quienes se oponen a las autoridades resultaba improcedente en este proceso. Negociación es un término que define otra manifestación. La negociación es el proceso por el cual las partes en conflicto buscan resolver sus diferencias, se reconocen mutuamente, y lo hacen sin necesitar la mediación de terceros.
Sin embargo, lo que la Iglesia sí ha hecho durante muchos años, es expresar su convicción de que es necesario escuchar a todos quienes en Cuba manifiestan interés en aportar ideas y esfuerzos por el bien del país. Esto no tiene que ver con posturas políticas, sino con convicciones filosóficas y éticas que están en la médula del cristianismo. Desde esta misma publicación se ha reproducido muchas veces este criterio, del mismo modo que desde esta y otras publicaciones católicas se expresó, en el momento oportuno, el desacuerdo de la Iglesia con los arrestos y largas sanciones aplicadas contra estas personas, aún antes de que sus esposas, hijas y madres, se organizaran para demandar su excarcelación desde los predios de un templo católico.
Dicho lo anterior, es posible adentrarnos sintéticamente en el desarrollo de los acontecimientos. Las “damas de blanco” presentaron al cardenal Ortega aquel 1º de mayo las tres demandas que querían comunicar a las autoridades cubanas: 1) Acercar a los presos a sus lugares de residencia, pues algunos cumplían sanción en provincias lejanas; 2) Liberar cuanto antes a los más enfermos, empezando por el preso Ariel Sigler Amaya; y 3) Permitir que sus seres queridos salieran de Cuba, aunque fuera solos, pues era preferible a tenerlos en prisión.
Se trataba obviamente de reclamos puramente humanitarios, no políticos, aunque tendrían posteriormente importantes connotaciones políticas dentro y fuera de Cuba. A pesar de que las presentes en la reunión eran cinco mujeres relacionadas directamente con solo cuatro prisioneros, afirmaron más de una vez que representaban a los 53 que aún quedaban en prisión de un total de 75 sancionados en el año 2003. Esto mismo fue trasmitido por la Iglesia durante el encuentro que el 19 de mayo sostuvieron, por un lado el presidente Raúl Castro, y por el otro el cardenal Ortega y monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia episcopal cubana. En esa reunión la parte gubernamental acogió el reclamo, y se comprometió a revisar esos y todos los casos sancionados por motivaciones políticas. Cuando el cardenal Jaime Ortega reveló en rueda de prensa estas y otras posibilidades que se abrían a partir de aquel encuentro, era evidente que algo inédito y novedoso comenzaba a tomar forma en Cuba (Palabra Nueva, Nº 196, mayo 2010).
Trece días después de ese encuentro, el 1º de junio de 2010, la Iglesia anuncia los primeros traslados de presos. Once días más tarde se anuncian nuevos traslados y la primera excarcelación bajo la condición Licencia Extrapenal del más enfermo (semanas después viajó a Estados Unidos). El proceso de mediación, cuyo objetivo era aliviar la situación de los presos y sus familias, comenzaba a dar frutos, y en ese momento España presenta su propuesta de acoger a los excarcelados que deseen trasladarse a aquel país. El 7 de julio, el gobierno cubano comunica a la Iglesia y a España –mientras visitaba la Isla el canciller español– que excarcelará a los restantes 52, y el 8 de julio se anuncian las primeras cinco excarcelaciones de quienes aceptan la propuesta de viajar a España con parte de su familia. Al revisar otros casos fuera de los 53 iniciales, como había dicho, el gobierno cubano excarceló finalmente un total de 126 prisioneros, 114 de los cuales viajaron a España con familiares (a ellos se añadió otro que ya estaba en Licencia Extrapenal), sumando cerca de 800 personas.
Aunque posiblemente conocía de antemano los deseos migratorios de muchos presos, las autoridades propusieron que fuera la Iglesia quien les comunicara su futura excarcelación y la propuesta de viajar a España. El cardenal Ortega personalmente quiso hacer las llamadas y hablar directamente con cada preso –por razones mayores en alguna ocasión delegó en otros la misión de hablar con los reclusos–, quiso escuchar personalmente sus inquietudes, pudo interceder y lograr visitas para los casos que deseaban consultarlo con la familia antes de decidir, pudo bendecirles y desearles lo mejor en la nueva vida que iniciarían en España, si esta era su decisión. Nunca intentó convencer a nadie de emigrar. De los 52, solo 12 dijeron que no deseaban viajar a España, y permanecen en Cuba. Unos pocos preguntaron si viajar era una condición para salir de la cárcel, a lo que el cardenal les respondía que no, y les aseguraba que serían excarcelados posteriormente, como ocurrió. Quienes aceptaban viajar, eran conducidos a un lugar y sus familiares a otro, separados, mientras se procedía con los trámites migratorios, en los que la Iglesia no tuvo participación alguna. Al llegar al aeropuerto los esperaban funcionarios de la Embajada y Consulado españoles quienes les preguntaban si salían de Cuba por voluntad propia y si este era el caso les pedían firmaran una declaración de conformidad, pues España no aceptaba trasladar a ninguno por la fuerza. Todos dieron su consentimiento y firmaron.
Por ello, es incorrecto afirmar que fueron forzados al exilio, u obligados a viajar como condición para no seguir en prisión. Más incorrecto aún es decir que el gobierno cubano y la Iglesia se aliaron para desterrar a estas personas. La mejor prueba contra esta afirmación, quizás, sean los doce que decidieron permanecer en Cuba. Puede decirse que, por compromisos o presiones familiares, o por la experiencia de casi ocho años de encarcelamiento en condiciones que solo ellos conocen, cualquiera acepta la propuesta. Pero es más honesto decir esto –y perfectamente comprensible– que acusar falsamente a otros de conspirar para lograr la expulsión del país de estas personas. A la postre, por increíble que pareciera al inicio, se cumplió precisamente lo que pidieron las mujeres que se reunieron con el cardenal Ortega el 1º de mayo de 2010. Y los gobiernos de Cuba y España sobrepasaron aquellos reclamos.
La mediación de la Iglesia, concretada en las excarcelaciones, no fue la solución ideal. Su propósito era lograr, mediante el diálogo, una salida a la gran tragedia de estas familias. No hay solución ideal en un conflicto prolongado y que ha implicado a tantas personas ubicadas en las más disímiles posiciones, con criterios diferentes muchas veces, en medio de debates y presiones políticas de alcance nacional, regional y global. Pero es bueno decir también que no fue una mediación neutra, sino bien comprometida, que tomó riesgos y aceptó estar en el epicentro del torbellino, teniendo para todos, de un lado y otro, una mirada pastoral y caritativa, la caridad cierta que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La caridad que nunca pasará, y permanece viva y dispuesta para toda oportunidad que la reclame.
Las leyes que llevaron a estas personas a la cárcel permanecen vigentes. Ahora, o en un futuro no lejano, es necesario que el país finalmente logre un espacio en el que las diferentes opiniones, intereses y criterios, puedan encontrarse y fundirse en un proyecto común y universal propio, no atado a intereses foráneos. Entonces, tal vez, no sería tan necesaria la mediación, pues estaríamos en presencia de una sociedad renovada que busca, mediante procesos francos y responsables de negociación, convertirse en la próspera y vigorosa sociedad de todos. Tal negociación aún no ha sido programada, ni se vislumbra en el horizonte, pero debe ser un propósito. |
Reconciliación Cubana 