¿CUANTO TENDRA QUE ESPERAR LA FAMILIA DE PAYA PARA SABER LA VERDAD?

El acusado por la fiscalía, que no por los familiares comprensivos con la difícil situación del joven español, pasó de amigo solidario a autor involuntario de una tragedia para la vida política de Cuba

Miriam Leiva, La Habana | 16/10/2012 10:50 am CUBAENCUENTRO

El tribunal impuso a Ángel Carromero la sanción de cuatro años de privación de libertad, informó el portal Cubadebate este 15 de octubre, antes de que la noticia fuera difundida por los medios nacionales. Es una muestra más de cómo las autoridades menosprecian y maltratan a los cubanos, en su mayoría sin acceso a Internet. Era previsible el anuncio, pues el juicio se realizó el 5 del presente mes y la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Granma contaba con 5 días hábiles para pronunciarse. Ahora podría esperarse la apelación, pero el joven español podría ser extraditado a Madrid, según un convenio existente entre ambos gobiernos desde hace años.

El guión cuidadosamente preparado para el juicio de Ángel Carromero habría podido ser estropeado súbitamente por la presencia en el tribunal de tres jóvenes buscadores de la verdad. Las familias de Oswaldo Payá Sardiña y Harold Cepero no habían formulado acusación contra el acusado por la fiscalía de homicidio involuntario, ni se esperaba su presencia. El juicio se efectuaría en el Tribunal Provincial de Bayamo a 800 kilómetros de La Habana, donde el Gobierno preparó el escenario para limitar el acceso y, sobre todo, expulsó o encarceló a los periodistas y blogueros independientes para desviar la atención internacional con respecto a los detalles del proceso y cualquier circunstancia imprevista que se presentara. Los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba presenciaron el juicio desde una habitación mediante una pantalla del circuito cerrado de televisión, sin sus equipos de trabajo, más allá de papel y un objeto para escribir a mano.

Sin embargo, la noticia más importante estaba fuera del Tribunal, y ha pasado sin ocupar los espacios mediáticos que merece, para beneplácito de los interesados en que fuera solapado por otros eventos como el arbitrario y habitual apresamiento de los opositores pacíficos, las ficticias elecciones nacionales, los cercanos comicios en Venezuela, el debate de los candidatos en Estados Unidos, las batallas en Siria, la crisis económica en Europa y otros relevantes hechos internacionales.

Rosa María Payá Acevedo y sus hermanos Oswaldo y Reinaldo se acercaron a la puerta del Tribunal para ejercer su derecho de asistir al juicio, donde se abordarían las circunstancias del accidente automovilístico debido al cual fallecieron Oswaldo Payá Sardiña, su padre, y Harold Cepero, el 22 de julio. El despliegue de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria impidió su acceso. Una persona que adujo ser un funcionario les comunicó que no podrían participar, pues no habían avisado previamente de su intención de hacerlo. ¡Se había dicho que el juicio era una vista pública! ¿Quién fue el público asistente? ¿Tenían mayor derecho que los familiares de los fallecidos?

Sencillamente su presencia podía desarticular la preparación psicológica de Ángel Carromero, cuya declaración fue transmitida en la televisión cubana con un video, donde evidenciaba mucho temor y rogaba que no se politizara el proceso, a fin de poder salir del duro trance lo antes posible. El acusado por la fiscalía, que no por los familiares comprensivos con la difícil situación del joven español, pasó de amigo solidario a autor involuntario de una tragedia para la vida política de Cuba. Aun si los hechos hubieran ocurrido como él manifestó en esa ocasión y como las autoridades cubanas informaron en su escueta nota, en el curso de la presentación de pruebas y las respuestas del imputado habrían surgido los detalles ocultados hasta ese momento. No obstante, la negativa a ofrecer información a las familias y facilitar su encuentro con Carromero acreditan las dudas sobre la veracidad de lo expuesto públicamente.

El Gobierno de España también debe haber estado interesado en que el juicio transcurriera como se había negociado, pues su objetivo era la rápida realización sin complicaciones, a fin de lograr la extradición según el convenio vigente. Seguramente habrá atendido el caso como corresponde hacia todos sus ciudadanos, pero con el compromiso adicional de que se trata de un dirigente de las Juventudes del Partido Popular actualmente en el poder, el cual ha tenido tensas relaciones con las autoridades cubanas en los años previos a su ascenso por las elecciones de 2011. Desde el lamentable accidente, las autoridades españolas han desplegado una fina política para poder resolver el inoportuno embrollo, y evitar que no se convierta en un diferendo similar al existente entre Cuba y Estados Unidos con la prisión de Alan Gross. También la situación es complicada, ya que Payá había recibido la nacionalidad española hacía tres años, a lo cual su familia no se había referido en público, seguramente en gesto amable para facilitar la solución del gran problema Carromero, pero que Carlos Payá, hermano de Oswaldo residente en España, ha develado luego del juicio.

No la tiene nada fácil el gobierno de Mariano Rajoy. El Partido Popular, con el gobierno de José María Aznar como primer ministro, impulsó la Posición Común de la Unión Europea en 1996. Cuando la asonada represiva contra 75 pacíficos opositores en marzo de 2003, contribuyó a que la institución estableciera las medidas condenatorias, que incluyeron la invitación a los disidentes y familiares de los 75 a las recepciones de las embajadas acreditadas en La Habana. Continuó su solidaridad y desde 2004 criticó el acercamiento a ultranza del Partido Socialista Obrero Español, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyó el cese de la participación en esas actividades por las fiestas nacionales. Sin embargo, el PP llegó al poder en momentos en que España afronta una crisis económica y social muy compleja, por lo que en su política exterior refuerza la tradicional prioridad de defender los intereses de sus ciudadanos e impulsar los negocios de sus empresas. Razones suficientes para que el “asunto Carromero” sea exprimido por las astutas y mal intencionadas autoridades cubanas. La muestra más evidente ha sido la realización del foro empresarial en la capital cubana, asi como el anuncio dos días antes de celebrarse el juicio de que no se invitaría a disidentes a la recepción por la fiesta nacional.

Desde antes se hablaba en medios del PP que el joven estaría de vuelta en noviembre, posiblemente pensando en una solución alrededor de la realización de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz (los jefes de estado y gobierno han comunicado su participación, falta la confirmación de Hugo Chávez y Raúl Castro).

El gobierno cubano utiliza todos los resortes para hacer tragar hiel, con el objetivo supremo de aprovecharse de las ventajas económicas que pueda agarrar y procurar legitimarse en los escenarios internacionales. Los pronunciamientos sobre la violación de los derechos humanos en Cuba tienen que salir del éter y abordarse concretamente, lo cual omiten los dignatarios de nuestra región. En todo caso, los cubanos tenemos que alcanzar las soluciones a la inmensa crisis nacional con nuestros propios esfuerzos, si bien el apoyo de la comunidad internacional es muy importante.

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