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Malos Augurios para la Zafra Azucarera 2010-2011

La zafra 2010-2011 comenzará el 1 de diciembre en los centrales “30 de noviembre” de Pinar del Río y “Mario Muñoz” de Matanzas, según publicó el diario Granma el 18 de octubre.  En esta ocasión sólo procesaran caña 39 ingenios, 5 menos que el año pasado. De esta forma la cantidad de centrales en funcionamiento será la más reducida que se recuerde. Cuando fue iniciado el cierre masivo de ingenios, en la década de los noventa del siglo pasado, había 156 fábricas productoras de azúcar.

Se informó que el monto a producir será similar al elaborado en la pasada contienda azucarera.  El gobierno no ha anunciado todavía  la cantidad de azúcar producida en la zafra 2009-2010, pero ha reconocido que fue la peor en los últimos 100 años.  Algunos analistas estiman que posiblemente no superó un millón de toneladas, tomando como base algunos datos publicados, dando por resultado una producción  inferior a 1,1 millón obtenido en 1894.  Las autoridades han desvelado que la norma potencial de molida  sólo se cumplió al 56,0%, aunque los 44 ingenios que molieron fueron escogidos por sus   condiciones técnicas mejores y supuestas reservas cañeras para moler durante más de 90 días de zafra.  El plan tenía el objetivo de garantizar molidas que aprovecharan la norma potencial al 80,0% o más.

En cuanto al comportamiento de la producción cañera, los resultados no pudieron ser peores.  El rendimiento por hectárea fue de 27 toneladas, cuando  el promedio de los 10 años anteriores al triunfo de la revolución  estuvo cercano a los 40 tons/ha, y con respecto al nivel mundial en el periodo 2003/2008 la media fue de   67 tons/ha, según datos de la FAO.  Brasil, el mayor productor global, ha llegado hasta   77.6 tons/ha.   Según la prensa oficial en esos lamentables resultados influyó que el 59,0% de las empresas cañeras tuvieron rendimientos de menos de 30 tons/ha, y que de las 750 000 hectáreas existentes en el fondo de tierras destinadas a ese cultivo, hay 131 000 vacías,  sin la gramínea.

Llama la atención que la próxima zafra comenzará el 1 de diciembre, muy temprano, por lo que se procesará caña posiblemente con un contenido muy bajo de sacarosa, pues las plantas no estarán en el momento óptimo de maduración.  Quizás esa decisión responda a la urgente necesidad de disponer de azúcar,  cuando el país tiene extraordinarios problemas financieros.

Desde hace meses, este producto básico disfruta de excelentes cotizaciones en el mercado internacional, escenario que todo indica se mantendrá en los próximos meses, por lo que Cuba, al  desaparecer como exportadora que llegó a producir más de 8 millones de toneladas en 1990, pierde la posibilidad de obtener  enormes beneficios en esta favorable coyuntura comercial, además de sufrir daños colaterales por no disponer de caña e instalaciones para elaborar derivados como el etanol, cuya demanda en estos momentos es muy alta y  con buenos precios.

Ese tipo de  desastres con variadas dimensiones,  pero siempre con un alto grado de gravedad, se repite en  todos los sectores de la economía, por lo que valdría la pena que las autoridades, a la vez que realizan  cálculos para medir los efectos negativos del embargo norteamericano, también  cuantifiquen los fabulosos costos y perjuicios ocasionados por la irracionalidad e insensatez   entronizadas en Cuba por más de 50 años.

La Habana, 21 de octubre de 2010

Oscar Espinosa Chepe

Economista y Periodista Independiente

 

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Cuba, Timida Apertura en la Comercializacion de Productos Agricolas

Por el Acuerdo 6853 del Consejo de Ministros, del 24 de Junio de 2010, fue autorizada “…la comercialización de productos agrícolas en puntos de venta o kioscos situados en comunidades colindantes a carreteras o autopistas, en los que  venden sus productos agrícolas las formas de producción a las que se le asignen la administración de dichos puntos de ventas, luego de cumplir el contrato con el Estado…”.

En cumplimiento de lo establecido  en este  Acuerdo, las formas de producción y los concurrentes están sujetos al pago de impuestos, tarifas y otras obligaciones.  Por ello, el Ministerio  de Finanzas y Precios emitió la Resolución No.206 del 2010 el 23 de julio, donde se determina que a la venta de productos agrícolas en los puntos de venta o kioscos, provenientes de patios, traspatios y parcelas o que se acopian en lugares intrincados o de difícil acceso, o de las propias formas de producción que administran los puntos de venta, se les aplicará un impuesto del 5% sobre las ventas.

Asimismo la Resolución No. 206/10 establece que las formas de producción propietarias de los  puntos de venta o kioscos  cobrarán por el contrato de arrendamiento que suscribe con los concurrentes una tarifa de hasta el 5% de las ventas diarias.  Además, por la utilización de tierra estatal  para construir  puntos de venta o kioscos colindantes a carreteras y autopistas, aportarán al presupuesto del Estado mensualmente el 2% de las ventas diarias.  Las personas naturales que como trabajadores por cuenta propia ejerzan la actividad de vendedor de producción agrícola en estos establecimientos  pagarán  una contribución a la seguridad social de acuerdo a una tabla descrita en la  Resolución.

Aunque estos pasos pudieran aportar alguna flexibilidad a la rígida comercialización de los productos agropecuarios, por sus prohibiciones, limitaciones y la permanencia de una serie de mecanismos de gestión obsoletos,  la medida no resolverá la grave situación del acopio y posterior comercialización de los productos provenientes del campo cubano.

Las llamadas formas de organización   que  administrarán los  puntos de venta o kioscos  son  las mismas organizaciones estatales o supuestas cooperativas autorizadas actualmente, por lo que todo se mantendrá controlado por el gobierno.  Persiste la obligación de vender al Estado al precio que fija para los productos, casi siempre  por debajo de los existentes en el mercado. Como se conoce, los campesinos tienen que entregar al Estado alrededor del 70,0% de su producción agrícola como condición para que puedan vender sus excedentes de forma libre y obtener ingresos superiores.

Aunque parece que habrá ciertas posibilidades para  que los agricultores de zonas suburbanas puedan llevan sus productos a los  puntos de ventas o kioscos ahora abiertos, nada indica que los esquemas de acopio tan dañinos a la agricultura cubana serán modificados sustancialmente.

El mayor problema de la agricultura cubana es la falta de producción y productividad.  Sin embargo,   la carencia de abastecimiento de alimentos nacionales también es una consecuencia de las dificultades en el acopio y  posterior comercialización de los productos, incluida  la venta al detalle. Gran cantidad de productos por deficiencias de acopio no se recogen en los campos y se pierden.  Los colectados, después tienen enormes mermas por la inadecuada manipulación y las enormes demoras en el traslado, que originan la pudrición de un elevado porcentaje de  productos  perecederos. Aquellos ofertados a los   consumidores llegan generalmente con una ínfima calidad.  En esto incide  negativamente el burocratismo en el proceso de comercialización, que, entre otras cosas, retarda el ajuste de los precios  a las realidades del mercado, y cuando esto se hace ya el daño está consumado.

Por supuesto hay otros factores, como la falta de capacidad de procesamiento industrial de los productos agrícolas, con escasas instalaciones que, además, trabajan con equipamiento anticuado, muchas veces en condiciones antihigiénicas, donde los obreros por lo regular trabajan artesanalmente, con baja productividad y en pésimas condiciones laborales. Así  frecuentemente  partes considerables de cosechas se pierden, como sucedió con la de tomate en 2009, debido en apreciable medida a la inexistencia de una ágil  rebaja de los precios que habría permitido un consumo más elevado por la población y reducido las pérdidas.

Actualmente las producción de plátano vianda y boniato tiene significativas pérdidas en el campo y los patios de los centros de acopio, mientras estos alimentos habían faltado en los mercados en los últimos meses, en particular el plátano.  La situación es tan impactante, que ha llegado hasta la televisión.  Al divulgarse el escándalo, el precio del plátano vianda se redujo en dos tercios (de 1.50 pesos la libra a 0.50 en La Habana) y el boniato (de 0.40 a 0.20).  Esto podría haberse evitado, o disminuido los daños, si los productores y comercializadores –incluidos los detallistas- tuvieran libertad para enviar las mercancías hacia otros mercados y ajustar los precios sin esperar  decisiones superiores.

Dada la gravedad de la situación económica del país, las soluciones no se encontrarán a través de parches, sino mediante la transformación radical de los absurdos mecanismos productivos y comercializadores.  La agricultura demanda la entrega real de la tierra a los productores, con plena libertad para hacerla producir y el derecho de los campesinos a disponer del fruto de su trabajo.

Esto supone que termine la entrega forzada al Estado de los productos, sustituyéndose ese esquema fracasado por el pago de impuestos y contribuciones como se hace en el mundo entero.  Hasta tanto eso  se realice, los resultados obtenidos serán mínimos, al igual que lo sucedido con la entrega de las tierras en usufructo, proceso que a pesar de tener dos años, no ha logrado aumentar la producción agropecuaria.  Con tímidas e insuficientes medidas no se resolverá el grave problema de la alimentación de los cubanos.

La Habana, 8 de septiembre de 2010

Oscar Espinosa Chepe

Economista y Periodista Independiente

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La Agricultura Cuban Require Cambios Urgentes

La producción agropecuaria en volumen, con exclusión de la cañera y la generada en patios y parcelas, en el primer semestre de 2010 no remontó la crisis, sino  que se hundió más en ella, según reflejan los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).  El descenso fue de 7.5%, de ello la agricultura no cañera disminuyó en 9,7% y la ganadería en 4,8%.  La producción de hortalizas bajó en 21,7%, con una caída espectacular en el tomate de 33,7%.  Adicionalmente se observan retrocesos  en el frijol (27,0%) y el arroz (1,7%).

La producción de viandas creció en 0,2%, fundamentalmente por un incremento del 48,4% en plátano, cultivo  muy afectado en igual período del 2009 por los efectos de los tres huracanes que destruyeron las plantaciones en 2008. Los tubérculos y raíces decrecieron 10,7% -en particular  papa y malanga, con  -30,8 y -34,3%, respectivamente-,  los cítricos disminuyeron 29,7% -fundamentalmente  naranja dulce     -39,7% y limón -23,1%.  En la ganadería, las entregas al sacrificio del porcino se minoraron en 9,l % y vacuno 6,0%.  La producción de huevos retrocedió en 2,6%.

La producción agropecuaria en volumen obtenida en  los períodos de enero-junio, acusa una continuada reducción desde el 2008. Si se incorporara al análisis la producción cañera, el retroceso sería aún superior, pues aunque no se ha informado el volumen de caña cosechado este año, se sabe que el rendimiento agrícola fue  de 27  toneladas por hectárea, 23,0 % inferior al del año anterior. En el período 2003/2007 el rendimiento mundial fue de 67 ton/ha, con países como Brasil, el mayor productor de azúcar, que ha llegado a 77,6 ton/ha (2007), según datos publicados por FAO.   Al mismo tiempo, aunque todavía no se ha publicado el resultado de la zafra azucarera 2010, se estima que pudiera no haber superado el  millón de toneladas de crudo, la más baja en más de 100 años.

Llama la atención estos calamitosos resultados, cuando la comparación se realiza con respecto al primer semestre de 2009, productivamente muy pobre  por los efectos de los tres huracanes de los últimos meses de 2008.  Es cierto que durante el año actual ha existido gran sequía, y hay indicios de que la agricultura no pudo contar con los suministros necesarios debido a la escasa capacidad de compra en el exterior –las importaciones  cayeron en el 37,4% en 2009 por falta de liquidez.

Resulta significativo que habiendo esas dificultades y con menores recursos que el Estado, el sector privado continuó  teniendo mejores resultados.  Resalta que mientras la producción total de arroz disminuyó en 1,7% en el primer semestre de 2010, la producción particular aumentó en 44,6%; similar sucedió con las viandas, especialmente los tubérculos y raíces.

Del examen de este preocupante panorama puede concluirse que la producción agropecuaria sigue decreciendo,  y por consiguiente se profundiza la dependencia del exterior en materia alimentaria, cuando la nación carece de recursos financieros.  Si  se  redujeron    las importaciones de alimentos  a 1,5 miles de millones de dólares en 2009, de 2,2 miles de millones en 2008, no obedeció al engrosamiento productivo nacional, ni a una disminución de las necesidades. El motivo fue la aguda carencia de divisas,  que ha provocado un notable desabastecimientos de productos básicos en el mercado interno, en particular alimentos. En las actuales condiciones, hasta carece de  sentido esforzarse en el incremento de la llegada de turistas, cuando los ingresos generados por esta actividad en una proporción muy alta tienen que dedicarse a la compra de alimentos para el consumo de estas personas.

La crisis de la producción agropecuaria frena  todo el desarrollo del país,  pues impone destinar gran parte de la pequeña capacidad de compra  en el exterior, a adquirir alimentos que podrían producirse internamente.  Esto obliga a reducir drásticamente la importación de equipamiento, medios de transportación y otros elementos básicos para atenuar la descapitalización imperante desde hace años.   Es un proceso de autofagia económica con consecuencias desastrosas en el conjunto de la sociedad.

Los datos publicados por ONE  demuestran la necesidad de realizar urgentemente cambios radicales en las áreas productivas, de comercialización y la adquisición de los suministros para la agricultura.  Como  estimamos desde un principio, el Decreto-Ley 259 del 2008 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo, por sus limitaciones y muchas prohibiciones no ha solucionado los inmensos problemas existentes.  Se impone una revisión de esa legislación, para aumentar la seguridad de los campesinos a la tenencia de la tierra y el plazo de usufructo –actualmente 10 años- a por lo menos 25, al igual que a las personas jurídicas como establece  el Decreto-Ley, prorrogable por igual término.  Esto daría mayores garantías para que los poseedores de las tierras realizaran inversiones para incrementar la producción y los rendimientos, tendencia que debe ser estimulada por  el Estado a través de créditos y  flexibles mecanismos fiscales. Asimismo, debe permitirse y promoverse la ayuda que podría provenir del exterior en forma de créditos o donaciones, incluidos financiamientos otorgados por ONG y por la comunidad cubana establecida en el exterior.

Otro aspecto que hay que revisar con rapidez es la comercialización de los productos agrícolas, eliminándose todo el actual burocratismo que provoca significativas mermas y pérdidas en el trayecto del campo a la ciudad, o que lleguen con muy mala calidad a los consumidores. Sería óptimo que los campesinos o sus organizaciones vendieran sus cosechas directamente en las ciudades sin tener que recurrir a los mecanismos de acopio. También debería crearse un marco legal para los intermediarios privados, sin que necesariamente tenga que desaparecer el acopio estatal.  También podrían permitirse inversiones extranjeras en la comercialización, que organizaran su trabajo de forma vertical: producción-comercialización-beneficio-procesamiento-venta al consumidor, como existe en otros países.

La mejor ganancia que pueda dejar un proyecto semejante con socios extranjeros sería la experiencia obtenida en la gestión de estas actividades, además del aporte de capital y tecnología.   Para acometerse esta transformación en la comercialización de los productos se tendrá que modificar totalmente algunos conceptos actuales, como la entrega obligatoria al Estado de alrededor del 70,0% de las cosechas y en algunas como el café y el tabaco casi el 100,0%, al precio fijado por aquel  arbitrariamente.  Esto debe sustituirse por la venta directa por los campesinos de sus productos, con un sistema de pago de impuestos sobre la tenencia de la tierra y los ingresos.  Pudiera pensarse, en adición, en el arrendamiento de tierra en áreas más extensas, con el objetivo de que puedan emplearse con efectividad tecnologías de cultivo más avanzadas y eficientes. Esto sería muy conveniente en la promoción de la ganadería y cultivos permanentes, aunque también daría resultados en los de ciclo corto.

Por otra parte, es indispensable resolver el problema de los insumos y equipamiento.  Una agricultura competitiva requiere  infraestructura y técnica.  Es imposible sostener que con bueyes  se alcance el salto productivo requerido, esto puede ayudar en determinados momentos en explotaciones de pequeña escala, pero no resulta una solución.  Por ello, debe crearse un mercado donde se oferte lo necesario, así como  los mecanismos crediticos y de refracción de las cosechas para que los campesinos con entera libertad puedan adquirir los medios que requieran.  Para avanzar en este decisivo aspecto de la producción agropecuaria, podría pensarse en la creación de proyectos conjuntos con entidades extranjeras, que aporten capital y tecnología, además de experiencia en la gestión.

No es nuestro propósito agotar  una problemática tan compleja como el desarrollo de la producción agropecuaria en Cuba, con las enormes dificultades existentes.  De todas formas queda claro  que la alimentación además de ser un problema estratégico, ocasiona dificultades adicionales a la economía en su conjunto. El avance en este decisivo sector podría ser un elemento  importante en el fortalecimiento de nuestra moneda nacional y coadyuvaría a eliminar -en conjunto con otras medidas-  fenómenos negativos de tal magnitud como la dualidad monetaria y el racionamiento de los alimentos.  Es tiempo de realizar una real reforma estructural de la agricultura cubana.

La Habana,1 SEPTIEMBRE de 2010

Oscar Espinosa Chepe

Economista y periodista independiente

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