LAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS CONTINÚAN MUY ATADAS

Pasados 11 años de comenzar la entrega de tierras en usufructo prevalece la escasez de alimentos. Las prohibiciones a los productores mutaron, los insuficientes cambios fueron paralizados o revertidos, se reforzó el control estatal y regresó Acopio. La voluntariedad de los campesinos es impuesta.

Con los alegados propósitos deliberar las fuerzas productivas del sector agropecuario y forestal, solucionar dificultades de las cooperativasyeliminar la dispersión legislativa se emitieron el Decreto Ley No. 365 y su Reglamento, el Decreto No. 354, en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 37 del 23 de mayo. La retención de esos documentos firmados por el presidente Díaz-Canel en octubre y diciembre de 2018, respectivamente, es significativa, asi como de su entrada en vigor dentro de 6 meses. En realidad, ellos restringen al detalle todo el funcionamiento de las cooperativas, los usufructuarios y campesinos vinculados a ellas, al tiempo que lo permitido expone la cantidad de prohibiciones que existían y permanecen.

Mediante la legislación, las cooperativas continúan atadas por la determinación de las siembras y la entrega para los propósitos del encargo estatal y el plan de la economía a los precios fijados por el Estado. Se consolida la relación entre la cooperativa y la empresa agropecuaria, que controla los procesos de gestión, planificación, producción y contratación de las producciones para satisfacer la demanda planificada. También se ejerce la supervisión por los gobiernos locales, el Ministerio de la Agricultura, Azcuba y otros organismos estatales, asi como la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y las organizaciones políticas y de masas. Del Fondo Sociocultural, las CPA y las CPA pueden contribuir al financiamiento de la ANAP (Decreto No. 354, Reglamento, Artículo 38.2.). La membresía, directiva, organización, funcionamiento, distribución de las ganancias, relaciones y otros importantes aspectos son estipulados al detalle.

Con las normas jurídicas se refuerza el papel del contrato, que ha sido deficientementeelaborado y asiduamente incumplido, incluyendo la mora en los pagos a los productores por períodos prolongados, lo cual origina una cadena de impagos que desestimulan la producción y su calidad. Entre las modificaciones, se autoriza después de cumplidos los contratos, vender las producciones y relacionarse directamente con personas naturales y jurídicas en lo relativo al mercado de insumos, servicios y productos, asi como a contratar directamente la fuerza de trabajo que requieran. Se unifica la formación y distribución de los fondos en correspondencia con las características de cada forma cooperativa, lo que será potestad de la asamblea general, la cual decide el porcentaje de utilidades a distribuir entre sus miembros, después de pagar las obligaciones.

La nueva legislación ratifica que las CCS tendrán como función principal facilitar a los asociados el acceso a créditos bancarios, insumos y servicios que completan los ciclos tecnológicos, la contratación y comercialización de las producciones y contribuir al desarrollo integral de la comunidad donde están ubicadas.Los medios propiedad de los agricultores pequeños (tractores, maquinarias, medios de transporte, equipos de riego y otros) se podrán poner al servicio de las personas naturales y jurídicas, sin que ello requiera mediaciones de ninguna entidad.

Las producciones agropecuaria, forestal y cañera son realizadas por las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), granjas estatales, agricultores pequeños no asociados y otras formas organizativas de menor escala relacionadas con el autoconsumo de organismos. Las UBPC, creadas en 1993 con las tierras y las enormes deudas de las antiguas granjas estatales, poseen el 42% de la superficie agrícola de Cuba, y han atravesado un proceso de restructuración y desactivación debido a sus pérdidas, improductividad y otros problemas. Las CPA tienen el 12%, y las CCS y los campesinos privados el 28% de la tierra cultivable. En conjunto, aportan más del 80 % de la producción de leche, viandas, hortalizas, maíz, frijol, frutales. Las empresas estatales concentran la producción de cítricos, forestal, cultivos protegidos, avícola, semillas registradas, reproducción porcina, genética de todas las especies y ganadería bufalina.

Existen 240 empresas vinculadas al sector cooperativo, 4 828 cooperativas y 444 235 miembros, según Ricardo Monzón Novoa, director de Desarrollo Cooperativo del Ministerio de la Agricultura (Minag), en conferencia de prensa para presentar la nueva legislación el 23 de mayo, publicada en los medios nacionales.

La nueva reglamentación deroga la Ley No. 95 de 2002 para las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) y su reglamento, el acuerdo No. 5454 del Consejo de Ministros del 17 de mayo del 2005, el Decreto Ley No. 142 de 1993 sobre las UBPC y su reglamento (Resolución 574/2012), así como el acuerdo 7271/12 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

El gobierno enfatiza la necesidad de aumentar y encadenar las producciones para sustituir importaciones y exportar, cuando la carencia de liquidez y acceso a créditos, la pérdida de la asistencia de Venezuela y el recrudecimiento del embargo-bloqueo por Estados Unidos agudizarán las dificultades económicas en el futuro inmediato. Aunque se han copiado algunas reformas de Viet Nam, prevalece el pánico a perder el control absoluto mediante el exitoso socialismo de mercado. La apertura en la agricultura y las posibilidades de emprendimiento autónomo en todos los oficios y profesiones continúan postergados.

La Habana, 28 de mayo de 2019

Miriam Leiva

Periodista independiente

Publicado en cubanet.org 29-5-19

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