EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL AL GOBIERNO CUBANO EN CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Rancios argumentos en Ginebra

Escrito por Miriam Leiva el 07/05/2013 en Articulos

MADRID, España, mayo, www.cubanet.org [1] -El gobierno de Cuba recibió 292 recomendaciones para mejorar su ejecutoria, durante el Examen Periódico Universal efectuado en la 16 Sesión del Consejo de Derechos Humanos, del 1 al 3 de mayo pasado en Ginebra. En esta oportunidad, las encomiendas fueron presentadas en intervenciones de 132 países (de los 193 miembros de la Organización de Naciones Unidas) y en las preguntas previas de Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, República Checa, Canadá, Letonia, Liechtenstein y Holanda. El gobierno cubano deberá dar respuesta en septiembre próximo, cuando se efectuará el 24 Período.

El Examen Periódico es el mecanismo obligatorio para los países miembros de las Naciones Unidas, con particular relevancia para los 47 miembros del Consejo, elegidos rotativamente por cuota regional, del que Cuba ha formado parte. Fue establecido en virtud de las modificaciones en ocasión del cese de la muy criticada Comisión. Si bien el procedimiento actual brinda resquicios a los países violadores de los derechos humanos que se apañan mutuamente, los obliga a presentar informes para cada examen, así como analiza el reporte del Consejo sobre las denuncias recibidas; incluye las preguntas recibidas de los miembros y en sus sesiones se realizan amplias intervenciones por parte de los asistentes.

Ahora, el canciller cubano Bruno Rodríguez presentó el informe, con las tradicionales justificaciones al mantenimiento de una sociedad cerrada y represiva debido a las amenazas externas, el fomento de la contrarrevolución y el embargo de Estados Unidos, lo cual cada día pierde mayor credibilidad al resultar evidente que constituyen los pretextos ideales para mantener el totalitarismo en Cuba. No obstante, presentaron las limitadas reformas realizadas como avances en los derechos humanos, cuando en realidad constituyen tímidas aperturas por la crisis económica imperante y gestos anticuados para establecer una supuesta modernidad.

Se trata, en pleno siglo XXI, de exhibir la concesión de permisos para poseer teléfonos celulares, comprar computadoras, alojarse en los hoteles habituales para turistas extranjeros con pago en divisas, poder vender o comprar casas y autos viejos, recibir tierras en usufructo con muchas prohibiciones, poseer una licencia para trabajar por cuenta propia en una ínfima cantidad de gestiones, ahogadas por los elevadísimos impuestos y la inexistencia de mercados mayoristas.

También, la Ley Migratoria se enarboló como un gran progreso debido a la eliminación de una carta de invitación o el permiso de salida, como si no hubieran sido suplantados por la aprobación de recibir un pasaporte o, a los residentes en el extranjero, para visitar su patria. Los permisos a opositores, a quienes durante muchos años mantuvieron cerrados en la isla, poco antes o durante la realización del Examen Periódico Universal en Ginebra, parecen estudiados para diluir las arbitrariedades mediante la ilusión de un movimiento que posiblemente no se mantendrá, e incluso quienes se han expresado en Ginebra u otros lugares podrían afrontar consecuencias difamatorias y represivas.

[2]Sin embargo, el gobierno no ha podido evitar las reiteraciones de las preguntas y recomendaciones sobre la ratificación de los Tratados de Derechos Humanos, la garantía al ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión, prensa y asociación por todos los ciudadanos, la invitación a los reporteros temáticos sobre la tortura, la entrada a las prisiones de la Cruz Roja Internacional y otras ONG, la liberación de los prisioneros políticos y de conciencia, la eliminación de los mítines de repudio contra pacíficos opositores, la adecuación de la legislación con eliminación de la presunción de peligrosidad, la independencia del sistema judicial, el mejoramiento del régimen penitenciario con eliminación de las malas condiciones alimenticias, higiénicas y médicas en las prisiones, así como de los tratos inhumanos y degradantes.

Muy relevante fue la pregunta de por qué se pide a funcionarios extranjeros que visitan Cuba que no se reúnan con ciudadanos que están legalmente en libertad, o que no han sido condenados por ningún delito.

Las justificaciones presentadas sobre la prohibición del acceso a Internet a la mayoría de los cubanos están realmente desfasadas. El gobierno continuó argumentando la imposibilidad de utilizar los cables submarinos colocados próximos a Cuba y la necesidad de emplear los costosos servicios satelitales. ¿Qué pasó con el cable entre Venezuela y Cuba?

Según un alto funcionario venezolano, hace tiempo está en uso. Eso constituye un crimen muy amplio contra los ciudadanos, a quienes se priva de acceso a la comunicación y la información más variada y avanzada, que podría permitirle ampliar la cultura general, obtener literatura especializada y conocer qué ocurre en cualquier lugar del mundo, sin censura.

Resulta imperdonable que nuestro país sea llevado a la involución con total premeditación, en la época de mayor desarrollo del conocimiento y la interrelación entre países. El gobierno no publicará ni su informe ni las recomendaciones; a la población brindará los titulares grandilocuentes que usa, muy alejados a la realidad.

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